Decenas de familias venezolanas buscan sin ayuda oficial a parientes que migraron a Colombia y que desaparecieron sin dejar rastros. Confían en las redes sociales como única esperanza para lograr su objetivo
Rafael Sulbarán Castillo
@RafaelDSulbaran
Bien temprano Marilyn Álvarez, de 18 años de edad, preparó su morral con lo necesario para estar un tiempo fuera de casa. “Se llevó poca ropa porque me dijo que trabajaría para comprarse cosas nuevas en Colombia”, recuerda Marisela González, madre de Marilyn.
La joven se preparaba así para viajar a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde pretendía establecerse como miles de migrantes procedentes de Venezuela. Su plan era trabajar en casa de una familia en esa ciudad: una amiga la había convencido de ir.
Nacida en la población de La Fría, estado Táchira, en el seno de una familia trabajadora del campo, Marilyn había aguardado a cumplir la mayoría de edad para concretar la aspiración de salir del país y poder ayudar económicamente a sus padres.
El jueves 06 de junio de 2018 tomó un autobús hacia la frontera. Salió desde el terminal de La Fría, a unos 40 kilómetros del Puente Internacional La Unión, entre Boca de Grita, en Venezuela, y Puerto Santander, en Colombia. Dos días después se comunicó con su madre desde un teléfono colombiano, pero luego perdieron contacto: desapareció.
Desde entonces sus familiares no han dejado de buscarla. “Hemos ido a muchas partes, al Catatumbo, a Cúcuta, a Tovar, pero nada, ni rastro de ella. Es frustrante”, expresa Marisela, quien dice que de la amiga que persuadió a su hija tampoco supo más. Angustiados, los parientes de la joven van tras su pista sin el acompañamiento de autoridades ni venezolanas ni colombianas.
Por eso han recurrido a la única herramienta que les ha sido útil: las redes sociales. “Aquí compartimos información, datos y fotos de los desaparecidos para ver si conseguimos algo. Son muchas personas en lo mismo”, señala Marinela González, tía de Marilyn.
El caso de los Álvarez González no es único: decenas de familiares de ciudadanos venezolanos desaparecidos en el contexto de la migración en Colombia, han emprendido el rastreo por su cuenta con el respaldo de las redes sociales como única esperanza.
Por la crisis económica y social, Venezuela se ha convertido en el país con la mayor cantidad de migrantes y refugiados en el mundo. Según datos de la plataforma Response for Venezuela, más de 6,8 millones de venezolanos han salido de su país. Colombia es el principal receptor con una población de 2,4 millones.
La desaparición de migrantes, en ese contexto de movilidad, se ha convertido en un problema creciente. Según datos del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de la Naciones Unidas, 43 venezolanos fueron víctimas de desaparición en Colombia entre 2016 y 2019.
Otras estadísticas, sin embargo, apuntan que la escala del problema es mucho mayor. La Fundación Progresar, establecida en el Norte de Santander, sostiene que 391 venezolanos han sufrido desaparición entre 2015 y 2021.
Un dato aún más elevado lo publicó la organización Consultoría para Derechos Humanos y Desapariciones, Codhes, en su informe de 2020 titulado “Graves violaciones de los Derechos Humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia”. En el reporte indican que 836 migrantes y refugiados venezolanos desaparecieron en Colombia entre 2015 y 2020. Este documento cruza la data de tres instituciones de ese país: la Policía Nacional, La Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal.
En los registros de Medicina Legal y fiscalía tomados en cuenta para estos informes citados, se evidencia que las autoridades colombianas apenas dan sus primeros indicios de documentación sobre desapariciones en su territorio.
Cuatro instancias de Naciones Unidas en 2020 llamaron la atención del gobiernos de Colombia y Venezuela por la falta de actuaciones individuales y conjuntas en los casos de desapariciones de migrantes y refugiados. En el caso de las autoridades venezolanas, no hubo respuesta a la comunicación en el plazo establecido para ello.
En octubre del año pasado Nicolás Maduro acusó al gobierno colombiano, entonces encabezado por Iván Duque, de promover la xenofobia y desaparecer a migrantes venezolanos, por lo que pidió a Naciones Unidas investigarlo y sancionarlo. Ha sido una de las escasas ocasiones en las que se ha referido públicamente al tema.
“Las personas se las arreglan para llevar las investigaciones por su cuenta”, expresa Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, quien destaca que enfrentan esa realidad mientras las diferencias políticas han impedido el trabajo conjunto y los organismos internacionales han llamado la atención por la inacción a ambos lados de la frontera.
Las redes como herramienta
La familia Álvarez González no está pendiente de acuerdos binacionales. Pero esto no les ha frenado en la búsqueda.
Cansada de esperar respuestas, Marinela decidió utilizar las redes sociales, “para ver si se viraliza, si alguien así sea en un rinconcito con poca señal de internet nos da razón”, indica. Por eso creó el grupo: “Desaparecidos en Colombia: Marilyn te estamos esperando”, con el objetivo de compartir información sobre su sobrina y otros casos de desaparición de venezolanos en Colombia.
El espacio tiene 531 miembros que diariamente publican fotos o videos con los respectivos datos de sus familiares. También distribuyen noticias desde otras cuentas. En ocasiones coordinan y visitan lugares hasta donde han rastreado algún dato.
Cientos de familias de víctimas de desaparición en Colombia, se reúnen en estos grupos de Facebook y Whatsapp.
“Retomemos el chequeo de Medicina Legal. Seguir esta búsqueda por todos los medios posibles. Tenemos que hacernos escuchar así sea por las redes”, escribió Lisbeth Zurita, administradora del grupo “Esperanza de Madre (Desaparecidos)”. Este espacio tiene más de 50 mil miembros y fue creado en abril de 2021.
En ocasiones los dolientes son azotados por pistas falsas, pero también han tenido éxito encontrando a sus familiares. En julio de este año dos mujeres coordinaron un viaje desde Venezuela para localizar a sus hijos luego de ver unas fotos publicadas en un grupo. Ambos jóvenes estaban extraviados en Colombia desde el 2019.
Sin protección
La desaparición en contextos migratorios no se encuentra clasificada dentro de normativas internacionales específicas. En 2017 la revista Internacional de la Cruz Roja publicó un informe titulado “Protección de los migrantes contra la desaparición forzada: una perspectiva basada en los derechos humanos”, en el cual estableció lo siguiente: “No hay un instrumento internacional dedicado específicamente a las desapariciones forzadas de migrantes. Por ende, este problema debe examinarse a la luz de los diversos instrumentos jurídicos internacionales que abordan las desapariciones forzadas y los que rigen los derechos de los migrantes”.
La inexistencia de esa categoría específica implica consecuencias: “La interpretación de una desaparición en un proceso migratorio, puede abordarse de muchas maneras, lo que podría llevar a las autoridades a desestimar muchos casos o actuar de forma ineficiente”, señala Carlos Lusverti, abogado e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado por Colombia y Venezuela en 2018, sin embargo, establece en su objetivo número 8 el compromiso de los Estados para: “salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos”.
Pero el accionar de ambos países ha quedado en duda. Ante todo esto, las investigaciones de oficio les obligan a actuar, al menos en el papel.
En diciembre de 2020 el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, evidenció que en los 43 casos de venezolanos desaparecidos en Colombia existe “la falta de investigaciones efectivas y cooperación binacional para atender los casos de desapariciones transfronterizas (…)”.
Estas líneas citadas corresponden a la comunicación enviada por estos grupos de trabajo de la ONU al gobierno venezolano en diciembre de 2020. Una copia similar fue enviada a Colombia. En ella exponen su preocupación por la alta incidencia de la desaparición forzada, carta que no fue respondida por Venezuela luego de los dos meses reglamentarios y que fue publicada en la página web del organismo en febrero de 2021. Colombia sí atendió esta comunicación, detallando que manejan 83 casos en proceso de indagación.
En dicha carta se destaca que el traslado por zonas peligrosas entre una jurisdicción y otra, complica los esfuerzos en la búsqueda. En consecuencia, las averiguaciones realizadas provienen en su mayoría de los familiares. Asimismo los casos denunciados no son tratados de la manera adecuada y son obstaculizados por diferentes motivos.
“Cuando los familiares formulan una denuncia ante instituciones formales para avanzar en la búsqueda e investigación de los hechos, la respuesta que reciben muchas veces no es efectiva, de manera que estos se ven forzados a adelantar la búsqueda e investigación de los hechos por su cuenta”, detalla el texto.
Carlos Lusverti sostiene que existe sesgo al momento de la formulación de las denuncias. “Se torna revictimizante la situación porque los funcionarios señalan a las personas culpándolos del hecho o reprochando a los padres que dejan viajar solos a sus hijos”.
La investigación realizada hasta el momento para este trabajo, arroja que decenas de familias marchan solas en esta búsqueda, sobre todo en zonas con alta presencia de grupos armados señalados por estos delitos bien sea por el control territorial, por reclutamiento a campos de cultivo de coca o para el tráfico de personas. Esto acompañado por la inacción del Estado, la ausencia de políticas de protección y la volación del derecho internacional, “contribuye a la inexistencia de avances efectivos en las averiguaciones”, según señala la Fundación Progresar, que opera precisamente en el Norte de Santander, un área donde recrudeció la violencia desde 2015 luego del cierre de fronteras.
Por eso la familia Álvarez González y muchas otras, siguen indagando, siguen compartiendo fotos, datos, artículos de prensa agarrados a sus grupos en redes sociales con la esperanza intacta y la fuerza para seguir el camino del hallazgo, así no los acompañe nadie.
“Retomemos el chequeo de Medicina Legal. Seguir esta búsqueda por todos los medios posibles. Tenemos que hacernos escuchar así sea por las redes"
Fotos: Rafael Sulbarán
Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.